El Gobierno saca a la Santa Sede del control normativo de las universidades de la Iglesia Católica

La reforma de las universidades del ministro Manuel Castells incluye una sorpresa un tanto delicada para las universidades de la Iglesias Católica. Desaparece en la ley la mención a su sometimiento directo a la normativa pactada entre el Gobierno y la Santa Sede para pasar el texto legal a dejar claro que “las universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, quedarán sujetas a lo previsto por esta Ley para las universidades privadas”.

Ninguna de estas universidades había pretendido en ningún momento operar al margen de la ley. De hecho, los acuerdos con la Santa Sede nunca han dejado de trasladar a todas las universidades su necesidad de concurrir en igualdad legal a todo el resto de facultades españolas. Pero el toque de atención del Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez es evidente: la Santa Sede desaparece de la mención legal, con lo que deja de existir una solicitud de amparo al Vaticano en materia universitaria.

El artículo aparece recogido en la “disposición adicional tercera. Universidades de la Iglesia Católica”. Allí se destaca en primer lugar que “en aplicación de esta Ley, las universidades de la Iglesia Católica establecidas en España con anterioridad al Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, en virtud de lo establecido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado español, de 10 de mayo de 1962, y el mencionado Acuerdo mantendrán sus procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos civiles de planes de estudios y títulos, en tanto en cuanto no opten por transformarse en universidades privadas”.

Pero para el resto de casos, la norma cambia. Ahora, “las universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, quedarán sujetas a lo previsto por esta Ley para las universidades privadas”. Es más, “estas universidades y sus centros adscritos deberán adaptarse a los requisitos que el Gobierno establezca reglamentariamente con carácter general para las universidades y en los mismos plazos”.

El redactado de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades es claramente distinto. La “disposición adicional cuarta. De las Universidades de la Iglesia Católica” señala que “la aplicación de esta Ley a las Universidades y otros centros de la Iglesia Católica se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede”.
Ese párrafo desaparece. Y ello, pese a que ya la vieja ley explicaba acto seguido que las universidades establecidas o que se establezcan en España por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, quedaban sometidas a lo previsto por esta Ley. Pero, ahora, el Gobierno ha querido dejar claro que la Santa Sede no figura en el control y negociación normativa. Ni a efectos testimoniales.

No se trata del único pisotón a las universidades ajenas a lo público. El Gobierno socialcomunista también ha puesto en marcha su vocación adoctrinadora en la enseñanza a través de la mencionada y futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Según consta en el articulado, las universidades deberán promover «en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática como forma esencial de educación de las nuevas generaciones». El texto no hace diferenciación alguna entre centros públicos y privados. El Ejecutivo pretende imponer así su ideología sobre la ‘desmemoria’ al alumnado. Una intención que se va reflejando en todas las etapas del proceso educativo.
La ley de la autollamada ‘memoria democrática’- ahora en trámite parlamentario- ya se fijaba en la educación como uno de los pilares esenciales, señalando que se fomentará «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas».

Como recientemente reveló OKDIARIO, el Gobierno pretende adoctrinar también en esa ideología a los niños de entre 10 y 12 años, según se recoge en el currículo educativo de la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural para el tercer ciclo de Primaria.